Un juzgado de Madrid anula una sanción de la DGT al no identificar al conductor por exceso de velocidad

  • Autor de la entrada:
  • Publicación de la entrada:23 de noviembre de 2023
  • Categoría de la entrada:España / Noticias
  • Tiempo de lectura:4 minutos de lectura
En este momento estás viendo Un juzgado de Madrid anula una sanción de la DGT al no identificar al conductor por exceso de velocidad

En febrero de 2020, un juzgado de lo Contencioso en Madrid emitió una sentencia que generó un revuelo y podría transformar las prácticas de la Dirección General de Tráfico (DGT) en relación con las sanciones por radar. El fallo estableció que la DGT no podía imponer multas ni restar puntos al carné si no lograba identificar al conductor del vehículo en el momento de la infracción.


Ahora, exploraremos las implicaciones legales y la obligación del titular, así como el futuro incierto de este precedente en la aplicación de multas de tráfico en España.

La resolución judicial argumentó que sancionar a un vehículo sin conocer la identidad del conductor «vulnera la presunción de inocencia», fundamentando así la invalidez de la multa. El caso en cuestión data de 2018, donde el propietario del vehículo se negó a identificar al conductor. El radar Pegasus captó al vehículo circulando a 160 km/h en una zona limitada a 120 km/h.

El propietario llevó el caso a juicio, argumentando la falta de pruebas que lo señalaran como el conductor en el momento de la infracción. La sentencia respaldó esta afirmación al establecer que «no existe prueba de que el recurrente fuera el conductor del vehículo». Este fallo creó un precedente delicado, permitiendo la anulación de multas en situaciones donde se identificó al vehículo pero no al conductor.

La resolución planteó un desafío significativo para la DGT, cuestionando la validez de sus sanciones cuando no logra identificar al conductor. Este hecho podría haber impulsado una revisión de los procedimientos de la DGT y generado debates sobre la efectividad de las multas basadas únicamente en la identificación del vehículo.

Aunque el propietario se benefició de la sentencia, la legislación española establece que el titular tiene el deber legal de identificar al conductor responsable de la infracción. La negativa a hacerlo conlleva una sanción administrativa de 900 euros por falta de colaboración, sin pérdida de puntos.

Queda por ver si este tipo de sentencias sentaron un precedente y si los recursos similares siguieron siendo aceptados. Mientras tanto, la lucha entre la DGT y los conductores en materia de multas y sanciones continuó, dejando incertidumbre sobre posibles cambios legislativos para abordar esta problemática de manera más efectiva. La relación entre la seguridad vial y los derechos individuales se encontró en una encrucijada, y la forma en que se resolvió este dilema influyó en el futuro de la aplicación de multas de tráfico en España.

Deja una respuesta